Lo que durante más de una década fue un escudo legal para casi medio millón de jóvenes en Estados Unidos, hoy se está convirtiendo en un blanco. El programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), creado en 2012 para proteger de la deportación a quienes llegaron al país siendo niños, enfrenta su crisis más severa tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.
Para los cerca de 3.000 colombianos beneficiarios del programa, el “Sueño Americano” ha mutado en una vigilia constante marcada por la incertidumbre judicial y la asfixia administrativa.
Un escudo de papel: El fin de la protección absoluta
Históricamente, estar inscrito en DACA significaba una tregua con el sistema migratorio. Sin embargo, un reciente y preocupante precedente judicial ha cambiado las reglas del juego. La Junta de Apelaciones de Inmigración determinó que el estatus de DACA por sí solo ya no es razón suficiente para que un juez cierre o desestime un proceso de deportación.
El caso de Catalina Santiago, una activista de origen mexicano detenida en Texas el año pasado a pesar de tener su permiso vigente, es el espejo donde se miran miles de connacionales.
Su detención envió un mensaje claro: el permiso de trabajo y el número de seguro social ya no garantizan que un agente de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) no pueda arrestarte en un control rutinario o en tu lugar de trabajo.
La estrategia de la “Auto-Expulsión”
A diferencia de su primer mandato, donde intentó eliminar el programa de un solo golpe y fue frenado por el Tribunal Supremo, la administración Trump 2.0 parece haber adoptado una táctica de desmantelamiento interno.
El objetivo no es solo la deportación física, sino hacer la vida en Estados Unidos lo suficientemente difícil como para forzar una salida voluntaria.
El colapso de las renovaciones: El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) presenta retrasos críticos. Miles de colombianos han visto cómo sus permisos de trabajo expiran mientras sus solicitudes de renovación duermen en escritorios gubernamentales.
Sin permiso vigente, pierden sus empleos, sus licencias de conducir y quedan vulnerables ante el sistema
Recortes en Salud y Educación: Se ha eliminado el acceso a coberturas médicas subsidiadas y se han bloqueado ayudas federales para la educación superior, pilares fundamentales para el desarrollo de los dreamers, quienes en su mayoría son profesionales o estudiantes universitarios.
Colombianos en la mira: Las cifras del miedo
Según datos de finales de 2025 y proyecciones de 2026, se estima que entre 2.800 y 3.500 colombianos dependen directamente de este programa.
Si bien la comunidad mexicana es la más numerosa, los colombianos representan un grupo significativo de profesionales y líderes comunitarios que ahora enfrentan una amenaza real de expulsión hacia un país que muchos apenas recuerdan.
Un futuro sin garantías
La situación ha generado una ola de ansiedad que trasciende las fronteras.
En Colombia, las familias ven con preocupación cómo sus hijos y nietos, que han construido vidas enteras en el norte, son tratados ahora como criminales. La comunidad jurídica advierte que, sin una intervención del Congreso —que parece lejana dada la polarización política—, el DACA morirá por inanición o por sentencias judiciales que lo dejen sin efectos prácticos.
¿Adiós al sueño americano? Colombianos bajo amenaza.
Hoy, para un colombiano con DACA, el éxito ya no se mide en ascensos laborales o títulos académicos, sino en la capacidad de sobrevivir a un sistema que parece decidido a borrar su existencia legal.
La pregunta ya no es si el programa terminará, sino cuántos lograrán resistir antes de que el sistema los obligue a empacar sus vidas en una maleta.
